El Consejo General acuerda impugnar la Oferta de Empleo Público para 2022
La Comisión Ejecutiva del Consejo General en sesión celebrada ayer por la tarde adoptó varios acuerdos para impugnar la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de la Nación para 2022 en lo afecta a los FHN.
Concretamente se aprobó:
- Interponer recurso contencioso-administrativo frente al RD 407/2021 por incumplir lo dispuesto en el Art. 70 del TRLEBEP.
- Plantear cuantas acciones procedan ante cualesquiera órganos administrativos o judiciales y/o prejudiciales, incluyendo medidas cautelares frente a la OEP para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del estado correspondiente a la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y frente al número previsto para cada forma de convocatoria de las recogidas en el RD 408/2022.
- Plantear cuantas acciones procedan ante cualesquiera órganos administrativos o judiciales y/o prejudiciales, incluyendo medidas cautelares frente a la OEP para la estabilización de empleo temporal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
- Plantear cuantas acciones procedan ante cualesquiera órganos administrativos o judiciales y/o prejudiciales, incluyendo medidas cautelares frente a actos o disposiciones administrativas de la entidades locales que procuren o aprueben ofertas de estabilización que incluyan plazas reservadas a FHN.
- Impugnar en vía administrativa o judicial las Ofertas de Empleo Público de la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco o Entidades Locales en perjuicio de los intereses generales de la escala.
También fue aprobada una Declaración sobre la estabilización de plazas reservadas a FHN (secretarios, interventores y tesoreros).
Por último la Comisión Ejecutiva tuvo conocimiento de las normas para la realización del tercer ejercicio práctico en las Oposiciones de Secretaría-Intervención en curso, dictadas por el Instituto Nacional de Administración Pública, en donde figura una relación de 119 normas de distinta índole y jerarquía. La Comisión consideró unánimemente que la finalidad de la “relación” debería ser reducir la incertidumbre sobre qué textos legales pudieran consultarse en el tercer ejercicio facilitando con ello su mejor realización. Lo que evidentemente no se consigue con tan elevado número de disposiciones. En consecuencia, y en defensa de los opositores ya en el último tramo de la oposición, el Presidente dirigirá a la dirección del INAP carta al respecto a la mayor brevedad.
